Todas las citas en este artículo han sido traducidas del inglés al español.
La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) comenzó la construcción de su primera oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) en el Área de la Bahía, en Gilroy, en mayo de 2025. Funcionarios locales sospechan que la agencia también quiere tomar el control de la Institución Correccional Federal (FCI) en Dublín, una prisión de mujeres clausurada, y convertirla en un centro de detención que apoyaría a la oficina de ICE en San Francisco.
La instalación en Gilroy, ubicada en 7240 Holsclaw Road, está situada directamente dentro de una comunidad agrícola donde residen muchos trabajadores inmigrantes. De hecho, desde la década de 1960, el terreno donde se encuentra la instalación ha estado zonificado exclusivamente para uso agrícola.
“Definitivamente creo que están tratando de construirlo en lugares donde piensan que estarán más cerca de las personas a las que se lo están imponiendo,” dijo el Asesor Jurídico del Condado de Santa Clara, Tony LoPresti. “Están tratando de construirlos más cerca del Área de la Bahía, y creemos que eso presagia que intentan intensificar las deportaciones en esta zona.”
Actualmente hay ocho centros de detención de ICE activos en California. Los centros más cercanos al Área de la Bahía son el Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde en Bakersfield y Golden State Annex en McFarland.
En respuesta a la construcción en Gilroy, el Fiscal General de California, Rob Bonta, y LoPresti presentaron una demanda contra la administración Trump en junio de 2026.
La demanda alega que la construcción viola varias leyes federales y estatales, incluidas la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la Ley de Cooperación Intergubernamental (ICA).
La NEPA exige que las agencias federales estudien los impactos ambientales de un proyecto antes de construir. Los demandantes alegan que ICE nunca realizó una revisión del sitio.
LoPresti también alegó que el sistema de alcantarillado de la instalación no está diseñado para dar cabida a un gran número de personas. Los tanques sépticos del sitio fueron construidos para contener los desechos de un máximo de 40 personas. Sin embargo, funcionarios estatales y locales creen que la instalación será un centro de detención a corto plazo con capacidad para hasta 150 personas. Esto excedería la capacidad de los tanques sépticos, causando que las aguas residuales se desborden hacia cuerpos de agua cercanos.
Además de no haber realizado una revisión ambiental, LoPresti argumentó que ICE no consultó a los funcionarios locales y estatales sobre el proyecto.
La ICA exige que el gobierno federal solicite, considere y coordine con las opiniones de los gobiernos estatales y locales al desarrollar un proyecto federal. Sin embargo, funcionarios del Condado de Santa Clara dicen que no recibieron ninguna comunicación de ICE sobre el proyecto.
“No recibimos ninguna consulta por parte del gobierno federal,” dijo LoPresti. “Hubo una carta unilateral enviada a un empleado de nivel medio hace varios años en la que se afirmaba que cualquier construcción del gobierno federal en este sitio está exenta de las leyes locales de zonificación y planificación.”
Sin embargo, LoPresti sostiene que esta carta de un solo párrafo no cumplió con la ley. “Eso no fue una consulta en absoluto. Fue solo una declaración de lo que el gobierno federal pensaba que era la ley,” dijo.
LoPresti señaló que el proyecto también está causando una preocupación significativa entre los residentes de Gilroy.
“La gente siente una amenaza para su comunidad, una amenaza para su tejido social. En las escuelas, sienten que habrá temor de que esto atente contra la seguridad y la santidad del salón de clases,” dijo. “Les preocupa que afecte la capacidad de [los trabajadores] para ir a trabajar, particularmente en los campos agrícolas. Les preocupa que afecte la sensación general de seguridad en la comunidad.”
La demanda de LoPresti y Bonta es específica para el sitio de Gilroy, lo que significa que no puede impedir que ICE busque otros sitios en el condado. Un juez federal de distrito concedió a LoPresti y Bonta la medida cautelar preliminar, una orden judicial temporal que suspende la construcción, el 8 de septiembre. Esta suspensión no es permanente, y ambas partes debían presentar una propuesta de orden el 30 de septiembre.
“El gobierno federal está violando la ley, viendo si alguien está prestando atención y pidiéndole cuentas, y solo entonces consideran cumplir con la ley cuando les ponen los pies al fuego,” dijo LoPresti. “Lo que les estamos mostrando es que estamos dispuestos a luchar, ¿verdad? Y no vamos a doblar la rodilla ante la administración Trump como lo han hecho tantas otras instituciones.”
Al otro lado de la Bahía, la ciudad de Dublin también ha surgido como un sitio objetivo para ICE. En febrero de 2025, agentes de ICE visitaron la FCI Dublín, pero los funcionarios de la ciudad no han sido notificados de más visitas porque la instalación es operada por el gobierno federal. Dado que la prisión está en terrenos federales, los funcionarios locales no pueden impedir directamente la conversión.
Apodada el “club de la violación” por el personal y los reclusos, la FCI Dublin fue cerrada permanentemente en 2024 por la Oficina Federal de Prisiones (BOP) tras un escándalo de abuso sexual, así como noticias sobre el deterioro del edificio, moho y asbesto.
En marzo de 2026, el Concejo Municipal de Dublín y la Junta de Supervisores de Alameda aprobaron una resolución que se opone formalmente a la reapertura o al cambio de uso de la FCI Dublín como centro de detención de inmigrantes o cualquier otra instalación correccional.
Dos meses después, la BOP publicó una revisión ambiental de la FCI Dublín, conforme a la NEPA. Esta revisión confirmó que la prisión no cumple con los estándares.
Mientras esta revisión ambiental no impide legalmente que el gobierno federal cambie el uso del sitio o lo transfiera a ICE, el futuro estatus de FCI Dublín sigue siendo incierto.
“Tener alguna forma de patrulla fronteriza, no creo que haya desacuerdo en que necesitamos algo. Es la parte de la aplicación de la ley y las tácticas que han estado empleando lo que es realmente perturbador,” dijo el Vicealcalde de Dublín, Kashef Qaadri. “Están actuando como vigilantes, bandidos enmascarados con plena autoridad y cero rendición de cuentas, y eso es realmente perturbador. Esa es realmente la razón por la que me opongo tan firmemente a que ICE llegue a Dublín.”
Como ciudad con una población inmigrante considerable, la sensación de seguridad de Dublín es una prioridad, señaló Qaadri.
“Aunque podemos respetar la autoridad federal, también podemos dejar claro que Dublín seguirá siendo una ciudad donde los residentes pueden acudir al gobierno municipal, denunciar delitos y acceder a servicios públicos sin vivir con miedo,” dijo.
Jose Guzmán, estudiante y vicepresidente del club Latinos Unidos de M-A (LUMA), señaló cómo el aumento de detenciones por parte de ICE amenazaría a los numerosos negocios y residentes latinos de la comunidad.
“Nadie quiere salir preocupado de que quizá no regrese a casa. Los dueños de tiendas están aterrorizados de que su único lugar de ingresos pueda verse afectado por todas estas nuevas instalaciones de alta [seguridad],” dijo Guzmán.
El miedo existe dentro de la comunidad sin importar el estatus. “Conozco a gente que me dice ‘no te preocupes, eres ciudadano,’, y yo sé que soy ciudadano. Pero [ICE] no lo sabe, y podrían arrestarme fácilmente a mí, a mi familia, a mis amigos, solo por mi aspecto,” dijo Guzmán.
“Conozco a gente que me dice ‘no te preocupes, eres ciudadano,’, y yo sé que soy ciudadano. Pero [ICE] no lo sabe, y podrían arrestarme fácilmente a mí, a mi familia, a mis amigos, solo por mi aspecto.”
Jose Guzman, M-A LUMA Vicepresidente
En 2019, el Gobernador Gavin Newsom buscó impedir el desarrollo de nuevos centros de detención mediante una ley estatal. Sin embargo, bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de EE. UU., la ley de California no puede anular la autoridad federal, por lo que la ley estatal fue derogada en 2022.
Como resultado, los funcionarios locales han adoptado un enfoque diferente. La clave de su defensa contra ICE es la política tributaria.
Para empezar, los legisladores están trabajando para imponer impuestos elevados que hagan que los centros de detención privados sean financieramente inviables. AB 1633: Ley de Impuesto a las Instalaciones de Detención Privadas está diseñada para cobrar un impuesto a cada operador de instalaciones de detención privadas con el 25 % de sus ingresos. Está a la espera de la firma de Newsom y, de ser firmada, entrará en vigor el 1 de julio de 2028.
Además, se está utilizando la política tributaria para desincentivar que las empresas formen contratos con ICE. AB 1675: Ley de 2026 de Cero Beneficios Fiscales para Contratistas de ICE es un proyecto de ley que excluye a las empresas con contratos con ICE de recibir créditos fiscales empresariales. El proyecto establecería el Fondo de Resiliencia para Inmigrantes de California en el Tesoro del Estado, redirigiendo los créditos fiscales denegados a las empresas para financiar, en su lugar, servicios para inmigrantes y defensa legal. Actualmente está estancado.
En agosto de 2026, el Congresista estadounidense Sam Liccardo (CA-16) presentó un conjunto de herramientas para las jurisdicciones locales que ofrece un modelo de regulaciones de uso del suelo para proteger a las comunidades de los posibles impactos de los centros de detención de ICE. El conjunto de herramientas las alienta a considerar la adopción de ordenanzas provisionales, que son leyes locales temporales aprobadas por una ciudad o un condado para restringir ciertos usos del suelo mientras los funcionarios estudian o redactan nuevas normas de zonificación.
“Esto está realmente destinado a dar tiempo a las jurisdicciones para hacer el análisis y el estudio de sus regulaciones actuales, y para mitigar cualquier impacto de posibles centros de detención,” dijo Raania Mohsen, Directora de Distrito en la oficina de Liccardo.
Muchas ciudades y condados, incluidos el Condado de San Mateo, la Ciudad de San José, la Ciudad de Mountain View y la Ciudad de Gilroy, han adoptado las ordenanzas provisionales, modificando sus regulaciones locales de zonificación para mantener a ICE fuera.
Esta expansión de ICE no es una sorpresa, dado que ICE ha recibido más financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impulsar su agenda migratoria a través de la Ley One Big Beautiful Bill de 2025 (OBBBA). La ley otorgó al DHS $165 mil millones destinados específicamente a ampliar la capacidad de detención de ICE.
$45 mil millones de la OBBBA se asignaron a la Iniciativa de Reingeniería de Detención de ICE de 2026 para ampliar la capacidad de detención a nivel nacional mediante la compra y conversión de almacenes industriales en centros de detención que alojarían, cada uno, de 7,500 a 10,000 personas. Después de que desafíos legales impidieron que este plan siguiera adelante, ICE cambió de táctica y optó por comprar instalaciones existentes administradas por empresas de prisiones privadas.
En California, este nuevo enfoque se implementó en julio de 2026, cuando el DHS compró dos instalaciones por $1.5 mil millones a CoreCivic, una de las empresas de administración correccional y detención privadas más grandes de EE. UU. El acuerdo añadió 4,554 camas en los condados de Kern y San Diego.
“No vamos a doblar la rodilla ante la administración Trump como lo han hecho tantas otras instituciones.”
Tony LoPresti, Asesor Jurídico del Condado de Santa Clara
Aunque el norte de California actualmente sigue sin un centro de detención de ICE activo, esta situación actual se tambalea. La medida cautelar preliminar que protege el sitio de Gilroy es solo temporal, y la prisión vacía de Dublín podría convertirse en una futura instalación.
